Sentencia de 25 de junio de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 776/2023 contra el Real Decreto 667/2023, de 18 de julio, por el que se crea la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública.

Resumen

Este documento es una sentencia judicial emitida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo de España, con fecha 25 de junio de 2024. La sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo número 776/2023, interpuesto por la Unión Sindical Obrera (USO) contra el Real Decreto 667/2023, de 18 de julio, que crea la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública. El objeto principal de la sentencia es determinar la legalidad del Real Decreto 667/2023, específicamente en lo relativo a la composición de la Comisión Interministerial. La sentencia afecta principalmente a la Administración Pública, en particular a los ministerios involucrados en la contratación pública y a la propia Comisión Interministerial. También afecta a las organizaciones sindicales, especialmente a la Unión Sindical Obrera (USO), que interpuso el recurso, y potencialmente a otras organizaciones sindicales que pudieran verse afectadas por la composición de la Comisión. La disposición más relevante de la sentencia es la estimación parcial del recurso contencioso-administrativo. El Tribunal Supremo declara que es contrario a Derecho y, por lo tanto, anula el inciso "más representativas a nivel estatal" del artículo 3.1.e).14º del Real Decreto 667/2023. Este inciso se refiere a la representación de las organizaciones sindicales en la Comisión Interministerial. Al anular esta parte, la sentencia elimina la restricción de que solo las organizaciones sindicales "más representativas a nivel estatal" puedan formar parte de la Comisión. El resto de la demanda es desestimada, lo que significa que el Tribunal Supremo considera que el resto del Real Decreto es conforme a Derecho. La sentencia también establece que no se imponen las costas del juicio a ninguna de las partes y ordena la publicación del fallo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).