Sentencia de 16 de diciembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar en parte el recurso contencioso-administrativo número 391/2019 contra el Real Decreto 470/2019, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de destinos del personal de la Guardia Civil.

Resumen

Este documento es una sentencia emitida el 16 de diciembre de 2020 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo de España, en respuesta al recurso contencioso-administrativo número 391/2019. El recurso fue interpuesto por la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil contra el Real Decreto 470/2019, de 2 de agosto, que aprueba el Reglamento de destinos del personal de la Guardia Civil. El objeto principal de la sentencia es resolver el recurso presentado contra el mencionado Reglamento de destinos. La sentencia afecta directamente al personal de la Guardia Civil, ya que regula sus destinos, y a la Administración Pública, responsable de la aplicación del reglamento. Las disposiciones más relevantes de la sentencia son: Estimación parcial del recurso: El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso presentado por la asociación Independientes de la Guardia Civil. Anulación de incisos específicos del Real Decreto: Se anulan dos incisos concretos del Real Decreto 470/2019: El inciso "cuando respondan a necesidades del servicio" del apartado cuarto del artículo 14. Este artículo probablemente se refiere a la asignación de destinos discrecionales. El inciso "no estará sujeta a publicación previa de la vacante" del apartado segundo del artículo 36. Este artículo probablemente se refiere a la provisión de ciertos destinos. Desestimación del resto del recurso: El Tribunal Supremo desestima el recurso en todo lo demás, lo que implica que la mayor parte del Real Decreto 470/2019 se mantiene vigente. No imposición de costas: No se obliga a ninguna de las partes a pagar las costas del proceso judicial. Publicación del fallo:** Se ordena la publicación del fallo de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En resumen, la sentencia modifica ligeramente el Reglamento de destinos del personal de la Guardia Civil, anulando dos incisos específicos que probablemente afectaban a la discrecionalidad en la asignación de destinos y a la transparencia en la provisión de vacantes.