Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 261/2020, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida el 9 de septiembre de 2020 por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior de España. El objeto principal de la resolución es emplazar a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo número 261/2020, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera. Este recurso fue presentado por Gonzalo Domingo Salvador Iglesias, José Andrés Marabel Martínez y Federico Pérez Ezquerra. La resolución afecta a todas aquellas personas o entidades que puedan tener un interés legítimo en el resultado del recurso contencioso-administrativo mencionado. Es decir, a cualquier persona o entidad que pueda verse afectada por la decisión judicial que se tome en relación con la resolución impugnada. Las disposiciones más relevantes son: Emplazamiento: Se notifica a los posibles interesados la existencia del recurso contencioso-administrativo. Plazo: Se les otorga un plazo de nueve días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la resolución, para comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y defender sus intereses, si lo consideran oportuno. Objeto del Recurso:** El recurso contencioso-administrativo se interpuso contra la Resolución de 22 de junio de 2020 del Subdirector General de Recursos Humanos, que desestima la emisión de un certificado de silencio administrativo positivo solicitado por el abogado de los recurrentes. Este certificado se había solicitado mediante un escrito de fecha 2 de abril de 2020. En resumen, la resolución busca garantizar el derecho a la defensa y la participación en el proceso judicial de todas las partes que puedan verse afectadas por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación con el recurso interpuesto contra la denegación del certificado de silencio administrativo positivo.