Resolución de 9 de septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso administrativo 1/59/2009, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sección tercera y se emplaza a los interesados en el mismo.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia de España, fechada el 9 de septiembre de 2009. El objeto principal de la resolución es doble: 1. Ordenar la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso administrativo número 1/59/2009, interpuesto por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de La Coruña y otros, ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Este recurso impugna el Real Decreto 2130/2008, de 26 de diciembre, que regula el procedimiento para aplicar deducciones a la dispensación de medicamentos de uso humano con cargo a las mutualidades de funcionarios. 2. Emplazar a los interesados en el mantenimiento del Real Decreto impugnado a comparecer ante el Tribunal Supremo. La resolución afecta principalmente a: El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de La Coruña y otros recurrentes. Todas las personas físicas y jurídicas que se vean afectadas por el Real Decreto 2130/2008, es decir, aquellas a cuyo favor se hayan derivado o puedan derivarse derechos de la aplicación de las deducciones en la dispensación de medicamentos a funcionarios. El Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Las disposiciones más relevantes son: La orden de remisión del expediente administrativo al Tribunal Supremo, en cumplimiento del artículo 48 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El emplazamiento a los interesados para que comparezcan ante el Tribunal Supremo en un plazo de nueve días a partir de la notificación o publicación de la resolución, conforme al artículo 49 de la misma ley. Este emplazamiento busca garantizar el derecho a la defensa y la participación en el proceso judicial de aquellos que puedan verse afectados por la decisión del Tribunal Supremo.