Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 2/2018, de 26 diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019.

Resumen

Este documento es una Resolución de la Secretaría General de Coordinación Territorial que publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia relativo a la Ley 2/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019. El objeto principal del acuerdo es iniciar un proceso de negociación para resolver las discrepancias existentes entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia en relación con el artículo 22.Uno y la disposición adicional decimoséptima de la mencionada Ley de Presupuestos gallega. Este acuerdo afecta directamente a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de Galicia, así como indirectamente a los ciudadanos gallegos, ya que las disposiciones presupuestarias en cuestión pueden tener un impacto en la gestión de los recursos públicos en la región. Las disposiciones más relevantes del acuerdo son: El inicio de negociaciones para resolver las discrepancias identificadas en el artículo 22.Uno y la disposición adicional decimoséptima de la Ley de Presupuestos de Galicia. La creación de un Grupo de Trabajo encargado de proponer una solución a la Comisión Bilateral de Cooperación. La comunicación del acuerdo al Tribunal Constitucional, conforme al artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, lo que implica que se ha evitado, al menos temporalmente, un conflicto de competencias que podría haber llegado a judicializarse. La publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial de Galicia (DOG), garantizando así su transparencia y conocimiento público. En resumen, el acuerdo busca una solución negociada a las diferencias interpretativas o de aplicación de ciertos aspectos de la Ley de Presupuestos de Galicia, evitando así un posible litigio ante el Tribunal Constitucional y promoviendo la cooperación entre ambas administraciones.