Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 2/96/2008, interpuesto por Cales de Pachs, S. A., ante el Tribunal Supremo, sección quinta, de lo Contencioso-Administrativo.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia de España, fechada el 28 de noviembre de 2008. Su objeto principal es emplazar a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 2/96/2008, interpuesto por la empresa Cales de Pachs, S. A., ante el Tribunal Supremo, Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo. A quién afecta: La resolución afecta principalmente a: Cales de Pachs, S. A.: Como la empresa que interpuso el recurso. Aquellos que se hayan personado en el expediente administrativo: Individuos o entidades que participaron en el proceso administrativo previo a la interposición del recurso. Quienes ostenten derechos derivados de la resolución recurrida: Personas o entidades cuyos derechos se vean afectados por el Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado. Disposiciones más relevantes: Existencia del Recurso Contencioso-Administrativo: Se informa de la existencia del recurso interpuesto por Cales de Pachs, S. A. contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007. Este acuerdo aprueba la asignación individual de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones incluidas en el Plan Nacional de Asignación para el periodo 2008-2012. Emplazamiento a los Interesados: Se emplaza a los interesados a comparecer como demandados en el recurso ante el Tribunal Supremo. Plazo para Comparecer: Se establece un plazo de nueve días para que los interesados se personen en el recurso, conforme al artículo 49 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Esto implica que deben designar un abogado y procurador para representarlos ante el Tribunal Supremo. En resumen, la resolución busca garantizar que todas las partes potencialmente afectadas por el litigio tengan la oportunidad de defender sus intereses ante el Tribunal Supremo en relación con la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.