Resolución de 25 de febrero de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso administrativo 2/101/2008 interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sección quinta, y se emplaza a los interesados en el mismo.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia de España. Su objeto principal es doble: primero, ordenar la remisión del expediente administrativo al Tribunal Supremo en relación con un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dow Chemical Ibérica S.L.; y segundo, emplazar a terceros interesados en el mantenimiento del acto administrativo impugnado a personarse en el proceso judicial. A quién afecta: Directamente: A Dow Chemical Ibérica S.L., como parte recurrente en el proceso contencioso-administrativo. Indirectamente: A todas aquellas personas físicas o jurídicas que se hayan beneficiado o puedan beneficiarse del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007, que aprueba la asignación individual de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2008-2012. Estas personas son emplazadas a comparecer ante el Tribunal Supremo si desean defender la validez del acuerdo impugnado. Disposiciones más relevantes: Remisión del expediente: Se ordena la remisión del expediente administrativo al Tribunal Supremo, cumpliendo con lo solicitado por este órgano judicial. Esto implica que la administración pone a disposición del tribunal toda la documentación relevante para que pueda resolver el recurso. Emplazamiento a terceros interesados: Se emplaza a los terceros que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado a personarse en el proceso judicial en un plazo de nueve días. Esto les permite defender sus intereses y presentar alegaciones en apoyo de la validez del acto administrativo. La resolución cita los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, como base legal para estas acciones.