Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso administrativo 1/71/2009, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección cuarta y se emplaza a los interesados en el mismo.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia de España, fechada el 22 de octubre de 2009. Su objeto principal es dar cumplimiento a una solicitud del Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta), en relación con el recurso contencioso-administrativo número 1/71/2009. La resolución afecta, en primer lugar, al Consejo General de Colegios Veterinarios de España, que es el recurrente en el proceso contencioso-administrativo. También afecta a todas aquellas personas físicas y jurídicas a las que el Real Decreto 361/2009, de 20 de marzo, haya otorgado o pueda otorgar derechos, o que tengan un interés directo en su mantenimiento. Las disposiciones más relevantes de la resolución son: Orden de remisión del expediente administrativo: Se acuerda enviar al Tribunal Supremo el expediente administrativo completo relacionado con el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Real Decreto 361/2009. Este Real Decreto regula la información sobre la cadena alimentaria que debe acompañar a los animales destinados a sacrificio. Emplazamiento a terceros interesados: Se notifica a todas las personas físicas y jurídicas que puedan verse afectadas por la resolución impugnada (el Real Decreto 361/2009) para que, si lo desean, comparezcan y se personen ante el Tribunal Supremo en un plazo de nueve días a partir de la notificación o publicación de esta resolución. Esto les permite defender sus intereses en el proceso judicial. En resumen, la resolución es un trámite procesal que permite al Tribunal Supremo contar con toda la información necesaria para resolver el recurso contencioso-administrativo y garantiza el derecho de defensa de todos los posibles afectados por la decisión judicial.