Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

Resumen

Este documento es una Resolución del Congreso de los Diputados que formaliza la convalidación del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, sobre la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. El objeto principal de la Resolución es dar validez y convertir en ley el Real Decreto-ley previamente emitido por el Gobierno. La convalidación por parte del Congreso es un requisito constitucional para que un Real Decreto-ley, que tiene fuerza de ley provisional, se convierta en ley de forma permanente. Esta resolución afecta, en última instancia, a todos los pensionistas y trabajadores en España, así como a las empresas y al sistema de Seguridad Social, ya que el Real Decreto-ley aborda cuestiones relacionadas con las pensiones, el mercado laboral y las políticas de empleo. Las disposiciones más relevantes, aunque no detalladas en la Resolución en sí, se encuentran en el Real Decreto-ley 28/2018 que convalida. Este Real Decreto-ley, por su título, se centra en: Revalorización de las pensiones públicas: Aumento de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Medidas urgentes en materia social: Posibles ayudas o programas para colectivos vulnerables. Medidas urgentes en materia laboral: Regulación de aspectos del mercado de trabajo, como la contratación o la negociación colectiva. Medidas urgentes en materia de empleo: Iniciativas para fomentar la creación de empleo y la formación de los trabajadores. La Resolución simplemente certifica que el Congreso ha aprobado el Real Decreto-ley, dándole así la fuerza de ley necesaria para su aplicación. La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) asegura que la convalidación sea de conocimiento público.