Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 96/2018-C, contra la Orden JUS/103/2018, de 8 de enero, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/646/2017, de 19 de junio.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, cuyo objeto principal es emplazar a los interesados en la Orden JUS/103/2018, de 8 de enero, del Ministerio de Justicia, a comparecer en el recurso contencioso-administrativo número PA 96/2018-C que se está tramitando ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 2. La Orden JUS/103/2018, a la que se refiere el recurso, resolvió el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. Por lo tanto, esta resolución afecta directamente a todos los funcionarios que participaron en dicho concurso y que puedan tener un interés legítimo en el resultado del mismo. La disposición más relevante es el emplazamiento en sí mismo. Se les concede un plazo de nueve días, a partir de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para personarse ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 y defender sus intereses en el marco del recurso interpuesto por D. José Francisco Ramos Alonso, funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. La base legal para este emplazamiento es el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En resumen, la resolución busca garantizar el derecho a la defensa de todos aquellos que puedan verse afectados por la decisión judicial que se adopte en el recurso contencioso-administrativo.