Resolución de 2 de diciembre de 2004, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario número 594/2004, interpuesto por don Serafín Raúl Olivas García.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Secretaría General Técnica, dependiente de algún ministerio (presumiblemente el de Sanidad y Consumo, aunque no se explicita). Su objeto principal es emplazar a terceros interesados en un procedimiento judicial contencioso-administrativo en curso. La resolución afecta a todas aquellas personas físicas o jurídicas que tengan un interés legítimo en que se mantenga la resolución de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo de fecha 19 de febrero de 2004, que es la que ha sido impugnada judicialmente. Esta resolución de la Subsecretaría acuerda la modificación del puesto de trabajo de Don Serafín Raúl Olivas García, quien es el demandante en el procedimiento judicial. Las disposiciones más relevantes son: Existencia de un procedimiento judicial: Se informa de la existencia del Procedimiento Ordinario número 594/2004, tramitado ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional. Identificación del demandante y del acto impugnado: Se identifica a Don Serafín Raúl Olivas García como el demandante y la resolución de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo que modifica su puesto de trabajo como el acto administrativo impugnado. Emplazamiento a terceros interesados: Se emplaza a cualquier persona o entidad con un interés legítimo en el mantenimiento de la resolución impugnada para que se personen como demandados en el procedimiento judicial. Plazo para personarse: Se establece un plazo de nueve días, a partir de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para que los interesados se personen en el procedimiento. Base legal:** La resolución se basa en el artículo 49 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece el procedimiento para emplazar a terceros interesados en un procedimiento judicial. En resumen, la resolución busca garantizar que todas las partes potencialmente afectadas por la decisión judicial tengan la oportunidad de defender sus intereses en el proceso.