Resolución de 18 de julio de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 54/2019, contra la Orden JUS/251/2019, de 25 de febrero, por la que, en ejecución de sentencia, se adjudica destino a funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, en relación al concurso de traslados convocado por Orden JUS/704/2016, de 25 de abril.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Su objeto principal es emplazar a todos los interesados en la Orden JUS/251/2019 del Ministerio de Justicia a personarse en el recurso contencioso-administrativo número 54/2019. Este recurso fue interpuesto por la funcionaria Ángeles Salinas Blanco contra la Orden JUS/251/2019, que adjudicó un destino al funcionario Cándido Asensio Alonso, en ejecución de sentencia, dentro del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, en relación con el concurso de traslados convocado por la Orden JUS/704/2016. Esta resolución afecta a todas aquellas personas que puedan tener un interés legítimo en la validez o nulidad de la Orden JUS/251/2019, es decir, a aquellos funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa que participaron en el concurso de traslados y que podrían verse afectados por la adjudicación de destino a Cándido Asensio Alonso. Las disposiciones más relevantes son: El emplazamiento a los interesados para que se personen en el procedimiento judicial. La indicación del número de recurso contencioso-administrativo (54/2019). La referencia a la Orden JUS/251/2019, objeto del recurso, y su publicación en el BOE. La mención del plazo de nueve días para personarse en el procedimiento, contados a partir de la publicación de la resolución. La base legal del emplazamiento: el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa. En resumen, la resolución busca garantizar que todos los posibles afectados por el resultado del recurso contencioso-administrativo tengan la oportunidad de defender sus intereses ante el juzgado.