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Resolución de 16 de julio de 2009, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica la Addenda al Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Departamento de Justicia, Empleo y de Seguridad Social del Gobierno Vasco para la ejecución de las medidas cautelares y de las impuestas en sentencia o auto, dictadas por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2009-14215·3 de septiembre de 2009·Ver en BOE ↗

Resumen

Resolución que publica la Addenda al Convenio entre la Administración General del Estado y el Gobierno Vasco, relativa a la ejecución de medidas cautelares y sentencias dictadas por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional. Afecta a la aplicación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores. La publicación en el BOE se realiza en cumplimiento de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con fecha 1 de enero de 2009 se ha suscrito la addenda al Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Departamento de Justicia, Empleo y de Seguridad Social del Gobierno Vasco para el ejecución de las medidas cautelares y de las impuestas en sentencia o auto, dictadas por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal de los Menores, suscrito el 30 de julio de 2008.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicha Addenda, que figura como anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 16 de julio de 2009.–El Secretario General de Política Social y Consumo, Francisco Moza Zapatero.

Texto consolidado con carácter informativo. Solo la versión publicada en el BOE tiene validez jurídica.