Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 447/2019, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, contra la Orden PCI/949/2018, de 14 de septiembre.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno de España, fechada el 15 de marzo de 2019. Su objeto principal es dar cumplimiento a una solicitud de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, en relación con el recurso contencioso-administrativo número 447/2019. La resolución afecta, en primer lugar, a la Administración Pública, específicamente a la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, que debe remitir el expediente administrativo correspondiente al recurso. En segundo lugar, afecta directamente a Nicola Galetti, el recurrente que interpuso el recurso contencioso-administrativo contra la Orden PCI/949/2018, de 14 de septiembre. Esta Orden convocaba la segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2018. Finalmente, la resolución afecta a todas aquellas personas físicas y jurídicas que pudieran haber derivado o derivar derechos de la Orden PCI/949/2018, o que tengan un interés directo en su mantenimiento. Las disposiciones más relevantes de la resolución son: Orden de remisión del expediente administrativo: Se acuerda la remisión del expediente administrativo relacionado con el recurso contencioso-administrativo a la Audiencia Nacional. Emplazamiento a terceros interesados: Se emplaza a todas las personas físicas y jurídicas que puedan tener derechos derivados de la Orden PCI/949/2018 o interés en su mantenimiento a comparecer y personarse ante la Audiencia Nacional en el plazo de nueve días a partir de la notificación o publicación de la resolución. Este emplazamiento es crucial para garantizar el derecho a la defensa y la participación en el proceso judicial de aquellos que puedan verse afectados por la decisión final. En resumen, la resolución es un acto administrativo de trámite que da curso a un recurso contencioso-administrativo, garantizando el acceso a la justicia y el derecho a la defensa de todas las partes interesadas.