Resolución 160/38216/2020, de 21 de julio, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 239/2020, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil. Su objeto principal es emplazar a todos aquellos que puedan tener un interés legítimo en el recurso contencioso-administrativo número 239/2020, interpuesto por Don Juan Raúl Leiva Villarrubia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta. La resolución afecta a cualquier persona o entidad que pueda verse afectada por la decisión judicial que se tome en relación con el recurso contencioso-administrativo mencionado. Específicamente, se refiere a aquellos que pudieran tener interés en la resolución número 574 de 3 de enero de 2020, que desestimó la solicitud del recurrente de ser escalafonado en el proceso selectivo de la Escala de Cabos y Guardias convocado en 2017. Las disposiciones más relevantes son: Identificación del Recurso: Se especifica el número de procedimiento (239/2020) y el tribunal ante el que se ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo. Objeto del Recurso: Se detalla que el recurso se interpone contra la resolución que denegó la solicitud de escalafonamiento del recurrente en el proceso selectivo de la Escala de Cabos y Guardias. Emplazamiento: Se emplaza a todos los interesados a comparecer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un plazo de nueve días a partir de la publicación de esta Resolución. Este emplazamiento se realiza en cumplimiento del artículo 49.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Firma: La resolución está firmada por el General Jefe de Enseñanza de la Guardia Civil, Francisco Espadas Santana. En resumen, la resolución busca garantizar que todas las partes potencialmente afectadas por el recurso contencioso-administrativo tengan la oportunidad de participar en el proceso judicial y defender sus intereses.