Resolución 160/38188/2009, de 16 de julio, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 348/2009, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Resumen

Resumen de la Resolución 160/38188/2009 Este documento es una Resolución emitida por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil. Su objeto principal es emplazar (notificar públicamente) a todos aquellos que puedan tener interés en el procedimiento contencioso-administrativo número 348/2009, que se está tramitando ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª. A quién afecta: La resolución afecta principalmente a cualquier persona o entidad que pueda tener un interés legítimo en el resultado del procedimiento judicial mencionado. Esto incluye, pero no se limita a, la persona que interpuso el recurso (Doña Cristina Fernández Morales), la Subsecretaría de Defensa (como parte demandada), y cualquier otro individuo o institución que pueda verse afectado por la decisión del TSJA. Disposiciones relevantes: Existencia del Recurso: Se informa que Doña Cristina Fernández Morales ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Subsecretaria de Defensa que acordó su baja del Centro Docente Militar de Formación por no superar el plan de estudios. La baja se fundamenta en la Ley 42/1999 y la Orden del Ministerio de la Presidencia de 1996. Emplazamiento: La resolución emplaza a los interesados a comparecer ante el TSJA en el plazo de nueve días a partir de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este emplazamiento se realiza en cumplimiento del artículo 49.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Finalidad del Emplazamiento:** El objetivo del emplazamiento es garantizar que todos los posibles interesados tengan la oportunidad de defender sus derechos e intereses en el procedimiento judicial. En resumen, la resolución busca asegurar la transparencia y el debido proceso legal, permitiendo que cualquier persona con un interés legítimo en el caso pueda participar en el procedimiento judicial.