Resolución 160/38179/2009, de 2 de julio, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 618/2007, promovido ante la sección sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil. Su objeto principal es emplazar a todos aquellos que puedan tener un interés legítimo en el recurso contencioso-administrativo número 618/2007, interpuesto por Don Francisco José Garrido Torrado, ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La resolución afecta a cualquier persona que se considere perjudicada o interesada en el resultado del mencionado recurso contencioso-administrativo. Esto incluye, potencialmente, a otros aspirantes que participaron en las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil convocadas por la Resolución 160/38047/2007 de la Subsecretaría de Defensa. Las disposiciones más relevantes son: Identificación del Recurso: Se especifica el número de procedimiento (618/2007) y el tribunal ante el que se ha interpuesto (Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Sexta). Identificación del Demandante: Se menciona el nombre del demandante, Don Francisco José Garrido Torrado. Objeto del Recurso: El recurso se interpone contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la Resolución 160/38047/2007, que convocaba pruebas selectivas para el ingreso en la Guardia Civil. Plazo para Comparecer: Se otorga un plazo de nueve días, a partir de la publicación de la resolución, para que los interesados comparezcan ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Base Legal:** Se fundamenta en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece la obligación de notificar a los interesados en un recurso. En resumen, la resolución busca garantizar que todos los posibles afectados por el recurso contencioso-administrativo tengan la oportunidad de defender sus intereses ante el tribunal.