Resolución 160/38142/2019, de 26 de abril, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 132/2019, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil. Su objeto principal es emplazar a todos los posibles interesados en el recurso contencioso-administrativo número 132/2019, interpuesto por Don Antonio Javier Fuentes López ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Málaga). La resolución afecta a cualquier persona o entidad que pueda tener un interés legítimo en el resultado del mencionado recurso contencioso-administrativo. Esto incluye, pero no se limita a, otros aspirantes al proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil que pudieran verse afectados por la decisión judicial. Las disposiciones más relevantes son: Identificación del Recurso: Se especifica el número de procedimiento (132/2019) y el Tribunal ante el que se ha interpuesto. Motivo del Recurso: Se indica que el recurso contencioso-administrativo se interpone contra la Resolución núm. 8140 de 21 de enero de 2019, que desestimó el recurso de alzada de Don Antonio Javier Fuentes López contra la decisión del Tribunal de Selección de declararlo "NO APTO" en la prueba de entrevista personal, excluyéndole del proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Cabos y Guardias. Este proceso selectivo fue anunciado por resolución 160/38090/2018, de 30 de abril de la Dirección General. Plazo para Comparecer: Se establece un plazo de nueve días, a partir de la publicación de la resolución, para que los interesados comparezcan ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga. Fundamento Legal: Se cita el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como base legal para el emplazamiento. En resumen, la resolución busca asegurar que todos los posibles afectados por el recurso contencioso-administrativo tengan la oportunidad de defender sus intereses ante el Tribunal.