Resolución 160/38141/2019, de 26 de abril, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 265/2019, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

Resumen

Este documento es una Resolución de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil que tiene como objeto principal emplazar a los interesados en el recurso contencioso-administrativo número 265/2019, interpuesto por Don Raúl Rodríguez Quesada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta. A quién afecta: Esta resolución afecta a todas aquellas personas que puedan tener un interés legítimo en el resultado del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Raúl Rodríguez Quesada. Esto incluye, pero no se limita a, otros aspirantes al proceso selectivo mencionado, la propia Guardia Civil, o cualquier otra entidad que pueda verse afectada por la decisión judicial. Disposiciones más relevantes: Objeto del Recurso: El recurso contencioso-administrativo se interpone contra la Resolución núm. 8.137 de 21 de enero de 2019, del General Jefe de la Jefatura de Enseñanza, que desestimó el recurso de alzada de Don Raúl Rodríguez Quesada. Este recurso de alzada, a su vez, impugnaba las Resoluciones del Tribunal de Selección que lo declararon "NO APTO" en la prueba de entrevista personal, excluyéndolo del proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Cabos y Guardias (convocatoria 160/38090/2018). Emplazamiento: La resolución emplaza a los interesados a comparecer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un plazo de nueve días a partir de la publicación de esta resolución. Este emplazamiento se realiza en cumplimiento del artículo 49.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Notificación:** La publicación de esta resolución sirve como notificación a los posibles interesados, permitiéndoles ejercer su derecho a personarse en el procedimiento judicial y defender sus intereses. En resumen, la resolución busca garantizar que todas las partes potencialmente afectadas por el litigio tengan la oportunidad de participar en el proceso judicial y presentar sus argumentos ante el tribunal.