Resolución 160/38105/2019, de 4 de abril, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 127/2019, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil. Su objeto principal es emplazar a todos aquellos que puedan tener un interés legítimo en el recurso contencioso-administrativo número 127/2019, interpuesto por Don Israel Gómez Moya ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. La resolución afecta directamente a cualquier persona o entidad que pueda verse afectada por la decisión judicial que se tome en relación con el recurso contencioso-administrativo mencionado. Esto incluye, pero no se limita a, otros aspirantes al proceso selectivo, la propia Guardia Civil, o cualquier otra parte que pueda tener un interés en el resultado del litigio. Las disposiciones más relevantes de la resolución son: Identificación del Recurso: Se especifica el número de procedimiento (127/2019), el tribunal ante el que se interpuso (Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha), y el nombre del recurrente (Israel Gómez Moya). Objeto del Recurso: Se indica que el recurso contencioso-administrativo se interpuso contra la Resolución núm. 8.154 de 21 de enero de 2019, que desestimó el Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente contra las Resoluciones del Tribunal de Selección que lo declararon "NO APTO" en la prueba de entrevista personal para el ingreso en la Escala de Cabos y Guardias. Emplazamiento a Interesados: Se notifica públicamente la existencia del recurso para que aquellos que tengan un interés puedan comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Plazo para Comparecer: Se establece un plazo de nueve días, a partir de la publicación de la resolución, para que los interesados comparezcan ante el tribunal. Fundamento Legal:** Se basa en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En resumen, la resolución busca garantizar que todas las partes potencialmente afectadas por el recurso contencioso-administrativo tengan la oportunidad de participar en el proceso judicial y defender sus intereses.