Resolución 160/38056/2010, de 24 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 105/2010, promovido ante la sección sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Resumen

Este documento es una Resolución emitida por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, específicamente la Resolución 160/38056/2010, de fecha 24 de marzo de 2010. Su objeto principal es emplazar a todos aquellos que puedan tener un interés legítimo en el recurso contencioso-administrativo número 105/2010, interpuesto por Don José Antón Caro ante la sección sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El recurso contencioso-administrativo en cuestión se dirige contra una resolución de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil que desestimó el recurso de alzada presentado por Don José Antón Caro. Este recurso de alzada, a su vez, impugnaba la decisión del Tribunal de Selección de la Guardia Civil de declararlo "Excluido" en la convocatoria 160/38092/2009, de 4 de mayo, para el ingreso en los centros docentes de formación para la Escala de Cabos y Guardias. Esta resolución afecta principalmente a: Don José Antón Caro: Como demandante en el recurso contencioso-administrativo. La Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil: Como parte demandada. Cualquier persona o entidad que pueda tener un interés legítimo en el resultado del recurso contencioso-administrativo. Las disposiciones más relevantes son: Se informa de la existencia del recurso contencioso-administrativo 105/2010. Se identifica el motivo del recurso: la exclusión de Don José Antón Caro de la convocatoria para ingresar en la Escala de Cabos y Guardias. Se emplaza a los interesados a comparecer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un plazo de nueve días a partir de la publicación de la resolución. Se cita el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como fundamento legal para el emplazamiento. En resumen, la resolución busca garantizar que todas las partes potencialmente afectadas por el litigio tengan la oportunidad de participar en el proceso judicial y defender sus intereses.