Resolución 160/38030/2009, de 10 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1773/2007, promovido ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Resumen

Resumen de la Resolución 160/38030/2009 Este documento es una Resolución emitida por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil. Su objeto principal es emplazar a todos aquellos que puedan estar interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1773/2007, interpuesto por Don Luis Enrique Gracia Budría ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A quién afecta: La resolución afecta a cualquier persona que pueda tener un interés legítimo en el resultado del recurso contencioso-administrativo mencionado, especialmente a aquellos que se vieron afectados por la Resolución 160/38178/2007 de la Subsecretaría de Defensa. Esta resolución convocaba pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. Disposiciones más relevantes: Existencia de un Recurso Contencioso-Administrativo: Se informa de la existencia del recurso interpuesto por Don Luis Enrique Gracia Budría contra la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en la Guardia Civil. Emplazamiento a Interesados: Se emplaza formalmente a todos los interesados a comparecer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Plazo para Comparecer: Se establece un plazo de nueve días, a partir de la publicación de la resolución, para que los interesados puedan comparecer ante el Tribunal. Fundamento Legal: La resolución se basa en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece el procedimiento para notificar a terceros interesados en un proceso judicial. En resumen, la resolución busca garantizar que todas las partes potencialmente afectadas por el recurso contencioso-administrativo tengan la oportunidad de participar en el proceso judicial y defender sus intereses.