Recurso de inconstitucionalidad n.º 4397-2025, contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias y Acuerdo de convalidación del citado Real Decreto-ley, adoptado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 10 de abril de 2025.

Resumen

Este documento es una providencia del Tribunal Constitucional que informa sobre la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad n.º 4397-2025. El recurso ha sido interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El objeto principal del recurso es impugnar la constitucionalidad del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que aprueba medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia en situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. También se impugna el acuerdo de convalidación de dicho Real Decreto-ley, adoptado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 10 de abril de 2025. En esencia, el recurso cuestiona si el Real Decreto-ley, y su posterior convalidación, se ajustan a la Constitución Española. Aunque la providencia no detalla los motivos específicos de la inconstitucionalidad alegada, se entiende que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera que el Real Decreto-ley invade competencias autonómicas o vulnera otros principios constitucionales. El Real Decreto-ley, al abordar la protección de menores migrantes en situaciones de emergencia, afecta directamente a las Comunidades Autónomas, que son las responsables de la protección de menores en sus respectivos territorios. También afecta a los menores migrantes y a las instituciones y organizaciones que trabajan en su protección. La admisión a trámite del recurso no implica un juicio sobre el fondo del asunto, sino que simplemente indica que el Tribunal Constitucional considera que el recurso cumple con los requisitos formales para ser analizado. El Tribunal deberá ahora estudiar el fondo del recurso y determinar si el Real Decreto-ley y su convalidación son o no constitucionales. La resolución final del Tribunal Constitucional tendrá efectos vinculantes para todos los poderes públicos y ciudadanos.