Real Decreto 980/2012, de 22 de junio, por el que se indulta a doña Fermina Camisón Moreno.

Resumen

Este documento es un Real Decreto de indulto, específicamente el Real Decreto 980/2012, de 22 de junio. Su objeto principal es conceder un indulto parcial a Doña Fermina Camisón Moreno, quien fue condenada por un delito de hurto. El documento afecta directamente a Doña Fermina Camisón Moreno, al Tribunal sentenciador (Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz), al Ministerio Fiscal y, en general, a la administración de justicia. Las disposiciones más relevantes son: Conmutación de la pena: Se conmuta la pena de diez meses de prisión que Doña Fermina Camisón Moreno tenía pendiente de cumplimiento por una pena de 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Esto significa que en lugar de ir a prisión, deberá realizar trabajos comunitarios durante ese período. Condiciones para el indulto: El indulto está sujeto a dos condiciones: Que abone las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia original en el plazo que determine el Tribunal sentenciador. Esto implica que debe pagar cualquier compensación económica que se le haya impuesto como resultado del delito de hurto. Que no vuelva a cometer un delito doloso en el plazo de dos años desde la publicación del Real Decreto. Si comete un nuevo delito intencional dentro de este período, el indulto podría ser revocado y tendría que cumplir la pena original de prisión. Fundamentación: El indulto se concede tras considerar los informes del Tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, y a propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. Esto indica que se ha realizado un análisis de la situación y se ha considerado que existen razones para conceder el indulto parcial. Firma: El Real Decreto está firmado por el Rey Juan Carlos I y refrendado por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, lo que le otorga validez legal. En resumen, el Real Decreto concede un indulto parcial a una persona condenada por hurto, sustituyendo la pena de prisión por trabajos comunitarios, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones.