decretoVigente

Real Decreto 651/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 162/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de Andalucía.

BOE-A-2023-16722·20 de julio de 2023·Ver en BOE ↗

Resumen

Este documento es un Real Decreto (651/2023) que modifica el Real Decreto 162/2008, el cual delimita la Zona de Promoción Económica de Andalucía. El objeto principal de esta modificación es adaptar la normativa española al Mapa de Ayudas Regionales de España para el periodo 2022-2027, tras una decisión de la Comisión Europea que incrementa los porcentajes máximos de las ayudas regionales en los territorios andaluces designados en el Plan Territorial de Transición Justa. ¿A quién afecta? Este Real Decreto afecta principalmente a: Empresas y emprendedores que deseen invertir en la Zona de Promoción Económica de Andalucía, especialmente en los territorios incluidos en el Plan Territorial de Transición Justa, ya que podrán acceder a mayores incentivos regionales. La Administración Pública, tanto la estatal como la autonómica andaluza, encargada de gestionar y conceder los incentivos regionales. La economía de Andalucía en general, al promover la inversión y el desarrollo en áreas específicas. Disposiciones más relevantes: Modificación del artículo 2 del Real Decreto 162/2008: Se actualizan los porcentajes máximos de las ayudas regionales que se pueden conceder en la Zona de Promoción Económica de Andalucía, incrementándolos en los territorios designados en el Plan Territorial de Transición Justa. Disposición Transitoria: Se establece cómo se resolverán las solicitudes de incentivos regionales que estén en trámite en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto, diferenciando entre las presentadas antes y después del 1 de enero de 2022. Entrada en vigor: El Real Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En resumen, este Real Decreto busca impulsar el desarrollo económico en áreas específicas de Andalucía, alineando la normativa española con las directrices europeas y facilitando el acceso a mayores ayudas regionales para proyectos de inversión en territorios de transición justa.

El Real Decreto 162/2008, de 8 de febrero, delimita la zona de promoción económica de Andalucía, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3.2, 4 y 5 del Reglamento de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio.

Dicho real decreto fue modificado por el Real Decreto 614/2022, de 26 de julio, para adaptar su contenido a las Directrices de la Comisión Europea sobre las ayudas estatales de finalidad regional (2021/C 153/01) y al Mapa de ayudas regionales de España para el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2027 (SA. 100859).

Por Decisión de la Comisión Europea de 9 de marzo de 2023 (SA. 106039), en aplicación del punto 187 de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional, se ha modificado dicho Mapa. Esta modificación supone un incremento de los porcentajes máximos de las ayudas regionales que se podrán conceder en la Comunidad Autónoma de Andalucía en los territorios designados en el Plan Territorial de Transición Justa de España, aprobado mediante la Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2022, para recibir ayuda del Fondo de Transición Justa.

Ello hace necesario modificar este real decreto para adaptarlo a la modificación del Mapa de ayudas regionales de España para el período 2022-2027.

Con esta finalidad, el real decreto se compone de un artículo único que modifica el Real Decreto 162/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de Andalucía.

También componen este real decreto una disposición transitoria, relativa a las solicitudes en tramitación, y una disposición final, relativa a su entrada en vigor.

El presente real decreto cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En cuanto a los principios de necesidad y eficacia, la norma queda plenamente justificada por razones de interés general para adaptar el contenido del Real Decreto 162/2008, de 8 de febrero, a lo dispuesto en la modificación del Mapa de ayudas regionales de España para el período 2022-2027 con el fin de aumentar las intensidades de ayuda para los territorios designados para recibir ayuda del Fondo de Transición Justa, constituyendo este real decreto el instrumento más adecuado para su consecución.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la norma contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, pues no implica restricciones de derechos ni impone nuevas obligaciones a los solicitantes de los incentivos regionales.

La seguridad jurídica del real decreto se ve garantizada por la coherencia de su redacción con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, en particular, con las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional y el Mapa de ayudas regionales de España para el período 2022-2027, lo que contribuye a una mayor certidumbre en la implementación del régimen de incentivos regionales.

En aplicación del principio de transparencia, por una parte, la norma ha sido sometida la consideración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, por otra parte, se han definido claramente el alcance y los objetivos de esta norma, reflejados en su preámbulo y en la memoria que la acompaña.

Asimismo, la norma atiende al principio de eficiencia, pues no supone cargas administrativas innecesarias para los solicitantes de los incentivos regionales y contribuye a la gestión racional de los recursos públicos actualizando la línea de ayudas de incentivos regionales, adaptándose a las prioridades estratégicas del septenio 2021-2027 en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento en España, contribuyendo, por lo tanto, al desarrollo del tejido productivo en la zona de promoción económica de Andalucía.

El presente real decreto se dicta en virtud de la habilitación para el desarrollo normativo que establece el artículo 2.3 de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales.

En el procedimiento de su elaboración, la norma ha sido sometida a la consideración de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Consejo Rector de Incentivos Regionales ha expresado su parecer favorable a su aprobación.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de julio de 2023,

DISPONGO:

Modificación del Real Decreto 162/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de Andalucía.

El apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto 162/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de Andalucía, queda modificado como sigue:

Solicitudes en tramitación.

Las solicitudes de incentivos regionales presentadas hasta el 31 de diciembre de 2021 que se hallen pendientes de resolución en el momento de la entrada en vigor de este real decreto se resolverán en lo relativo al techo máximo de las ayudas con arreglo a los porcentajes establecidos en el Real Decreto 737/2016, de 30 de diciembre.

Las solicitudes de incentivos regionales presentadas a partir del 1 de enero de 2022 que se hallen pendientes de resolución en el momento de la entrada en vigor de este real decreto se resolverán en lo relativo al techo máximo de las ayudas con arreglo a los porcentajes establecidos en el Real Decreto 614/2022, de 26 de julio.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 18 de julio de 2023.

FELIPE R.

La Ministra de Hacienda y Función Pública,

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO

Texto consolidado con carácter informativo. Solo la versión publicada en el BOE tiene validez jurídica.