Cuestión de inconstitucionalidad n.º 9801-2024, en relación con los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022, de 30 de mayo, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de la Comunidad Foral de Navarra, por posible vulneración de los arts. 23.2 y 14 CE.

Resumen

Este documento es un edicto del Tribunal Constitucional de España que anuncia la admisión a trámite de una cuestión de inconstitucionalidad, registrada bajo el número 9801-2024. El objeto principal de la cuestión de inconstitucionalidad es determinar si los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Foral 16/2022, de 30 de mayo, de la Comunidad Foral de Navarra, son contrarios a la Constitución Española, específicamente a los artículos 23.2 (derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas) y 14 (principio de igualdad ante la ley). Esta ley foral busca reducir la temporalidad en los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación en Navarra. La cuestión de inconstitucionalidad ha sido planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el marco del procedimiento ordinario número 180-2023. A quién afecta: Directamente, a las partes involucradas en el procedimiento ordinario 180-2023 en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Indirectamente, a los funcionarios con habilitación de la Comunidad Foral de Navarra, especialmente aquellos en situación de temporalidad, ya que la resolución del Tribunal Constitucional podría afectar sus derechos y la forma en que se accede a dichos puestos. Potencialmente, a la legislación autonómica en materia de acceso a la función pública. Disposiciones más relevantes: Admisión a trámite: El Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad, lo que significa que considera que existen fundamentos suficientes para analizar la posible inconstitucionalidad de los artículos cuestionados. Reserva de conocimiento: El Tribunal Constitucional se reserva para sí el conocimiento de la cuestión, lo que implica que será el Pleno del Tribunal quien tome la decisión final. Derecho de personación: Se concede un plazo de quince días, a partir de la publicación del edicto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para que las partes del procedimiento ordinario 180-2023 puedan personarse ante el Tribunal Constitucional y presentar sus alegaciones.