Conflicto positivo de competencia número 7931-2004, en relación con los artículos 3, 10 y 19 de la Orden TAS/2782/2004, de 30 de julio, y con los artículos 2, 15, 16.2, 24.2 y 28 de la Orden TAS/2783/2004, de 30 de julio, ambas en desarrollo del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua.

Resumen

Este documento legal es una providencia del Tribunal Constitucional que informa sobre la admisión a trámite del conflicto positivo de competencia número 7931-2004, promovido por el Gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana. El objeto principal del conflicto es la impugnación de varios artículos de dos Órdenes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (TAS): Orden TAS/2782/2004: Artículos 3, 10 y 19, que establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a acciones complementarias y de acompañamiento a la formación. Orden TAS/2783/2004: Artículos 2, 15, 16.2, 24.2 y 28, que establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas mediante contratos programa para la formación de trabajadores. Ambas órdenes se desarrollan en el marco del Real Decreto 1046/2003, que regula el subsistema de formación profesional continua. El conflicto afecta principalmente al Estado Español (representado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) y a la Comunidad Autónoma Valenciana, ya que esta última considera que las disposiciones impugnadas invaden sus competencias en materia de formación profesional. Las disposiciones más relevantes son aquellas que definen los criterios y procedimientos para la concesión de subvenciones en el ámbito de la formación profesional continua, ya que la Comunidad Valenciana considera que el Estado, a través de estas Órdenes, está interfiriendo en sus competencias autonómicas en esta materia. La admisión a trámite del conflicto por el Tribunal Constitucional implica que este órgano considera que existen argumentos suficientes para analizar si las Órdenes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales vulneran el reparto de competencias establecido en la Constitución Española.