Conflicto positivo de competencia n.º 3870-2024, contra resolución de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de fecha 27 de febrero de 2024, por la que se declara la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial de 8 de julio de 2003.

Resumen

Este documento legal es una providencia del Pleno del Tribunal Constitucional de España que anuncia la admisión a trámite de un conflicto positivo de competencia (n.º 3870-2024). El objeto principal del conflicto es la resolución de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de fecha 27 de febrero de 2024, que declara la caducidad de una concesión otorgada en 2003 a la entidad mercantil Geafond Número Uno Lanzarote, SA. Esta concesión permitía la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre, específicamente en relación con los terrenos donde se encuentran los establecimientos hoteleros "Hotel Oliva Beach" y "Apartamentos Oliva Beach" en el municipio de La Oliva, Fuerteventura. Estos terrenos fueron incluidos en el dominio público marítimo terrestre mediante una Orden Ministerial de 1992. La concesión original se basaba en la disposición transitoria primera de la Ley de Costas de 1988. El conflicto afecta principalmente al Gobierno de Canarias, que es quien lo promueve, y al Gobierno Central, representado por la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuya resolución es impugnada. También afecta a la empresa Geafond Número Uno Lanzarote, SA, que es la titular de la concesión declarada caducada. Las disposiciones más relevantes son: La admisión a trámite del conflicto por el Tribunal Constitucional. La identificación de la resolución ministerial que declara la caducidad de la concesión como el acto que genera el conflicto. La mención a la Ley de Costas de 1988 y su disposición transitoria primera como base legal de la concesión original. La referencia al deslinde del dominio público marítimo terrestre de 1992 que incluye los terrenos en cuestión. En resumen, el Gobierno de Canarias considera que la resolución ministerial invade sus competencias, lo que ha motivado la presentación de este conflicto ante el Tribunal Constitucional. La admisión a trámite significa que el Tribunal analizará si la decisión del Gobierno Central se ajusta a la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias.